Nuestros Jerarcas

Defensora de los Habitantes de la República

Angie Cruickshank Lambert

Figura destacada en el ámbito nacional e internacional y una voz poderosa para las minorías, Angie Cruickshank Lambert cuenta con una impresionante trayectoria académica y profesional.

Graduada con una Licenciatura en Derecho y Notaria Pública, Cruickshank complementó su formación con una especialización en Gerencia de Proyectos, lo que le ha permitido no solo comprender los aspectos legales, sino también gestionar y liderar iniciativas que promueven el cambio social. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos la motivó a obtener un Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la prestigiosa Universidad para la Paz.

Su dedicación y pasión la llevó en 2009 a ser la primera mujer afrodescendiente de América Latina de participar en el programa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacado para liderazgos provenientes de organizaciones de base comunitaria, en la categoría de Minority Fellowship. Este reconocimiento no solo destacó su talento individual y liderazgo a nivel comunitario, gracias a su labor pro bono en diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales; sino que también sirvió como un símbolo inspirador para las mujeres afrodescendientes en toda la región, fomentando una mayor participación de estas en espacios de empoderamiento e incidencia.

El liderazgo innato que la caracteriza se ha visibilizado desde joven. En el año 2011 llegó a asumir el rol crucial de Coordinadora General de la Primera Cumbre Mundial de Juventud Afrodescendiente - CUMJUVA, llevada a cabo en Costa Rica, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la cumbre participaron más de 150 jóvenes afrodescendientes y africanos, provenientes de cerca de 40 países de las Américas, Caribe, Europa y África; por lo que dicha cumbre fue concebida como un foro vital de la sociedad civil para abordar las necesidades y preocupaciones de las juventudes negras, el fortalecimiento de las articulaciones políticas y su empoderamiento en el marco de la lucha contra la discriminación racial y la exclusión en América Latina y el mundo.

En 2019, su influencia y compromiso fueron nuevamente reconocidos, cuando fue incluida en la lista de las 100 Personas Afrodescendientes Menores de 40 años más Influyentes del Mundo. Este honor consolidó su posición como una líder de pensamiento global y abrió nuevas oportunidades para abogar por los derechos de las minorías a nivel internacional. Se ha desempeñado como consultora internacional en instituciones claves como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Experiencias que le permitieron mostrar su capacidad para colaborar con diversas organizaciones, su habilidad para trabajar en entornos complejos y su compromiso con el diálogo y la cooperación.

Dentro de su país, Costa Rica, ha trabajado para el Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo en proyectos coordinados con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como el Punto Focal del Grupo Interagencial de Género, y como Coordinadora del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de Naciones Unidas Costa Rica. Además, se desempeñó como Asesora Legislativa durante el cuatrienio 2010-2014 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Como parte de su activismo desde la sociedad civil, ha incidido en la promoción de política pública a través de su participación en diversos grupos consultivos de instituciones públicas en temas de Derechos Humanos, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Instituto Nacional de Mujeres, y el Consejo Nacional de la Persona Joven.

Su compromiso con la inclusión y la diversidad se refleja en su participación en foros y conferencias tanto regionales como internacionales, donde ha abogado por políticas que promuevan la igualdad y la justicia para todos. Características que sin duda sumaron a que desde marzo de 2023 fuese nombrada Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica; con ello, convirtiéndose en la primera persona afrodescendiente en asumir este importante cargo en Costa Rica y el Continente Americano.

Como Jerarca de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha demostrado una vez más su dedicación, pasión e integridad en la defensa y protección de los derechos humanos y su compromiso con un mundo más justo y equitativo. Su impacto a nivel nacional e internacional es innegable, y su legado perdurará como un faro de esperanza para las generaciones futuras que luchan por un mundo donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todos.

En la Sesión ordinaria Número 143 del Plenario Legislativo, celebrada del lunes 27 de febrero, 2023, se realizó el proceso de Nombramiento de la Defensora de los Habitantes, la señora Angie Cruickshank Lambert, fue juramentada en la Sesión Ordinaria Número 146 por el período comprendido por 4 años, entre el 2 de marzo de 2023 al 01 de marzo de 2027.

Defensor Adjunto de los Habitantes

Juan Carlos Pereira Jiménez

Politólogo y egresado de la Maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Parlamentaria de la Universidad de Costa Rica. Ha dedicado más de 30 años al servicio público en diversas instituciones clave del país en materias como la defensa de los derechos humanos, planificación, gestión pública y asuntos legislativos.

Actualmente, se desempeña como Defensor Adjunto de los Habitantes de Costa Rica, cargo en el que lidera procesos de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, así como la supervisión de la gestión pública, con un enfoque en planificación estratégica, la eficiencia y la rendición de cuentas.

En la Defensoría de los Habitantes, donde también fue Profesional de Defensa desde el año 2001, trabajó en la protección de derechos de poblaciones vulnerables, especialmente en temas de niñez y adolescencia. Fue corredactor del proyecto de la Ley N° 8654, Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante. Además, fungió como asesor del Despacho de la Defensora de los Habitantes, coordinando proyectos de modernización y digitalización de los procesos institucionales y fortalecimiento de las relaciones legislativas.

Su experiencia en el sector público costarricense incluye su desempeño profesional como Asesor Parlamentario en la Asamblea Legislativa; Director de Despacho, tanto en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) como en el Ministerio de Educación Pública (MEP); y miembro de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia y del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Universitaria Privada.

Durante el ejercicio laboral y profesional en esas instituciones, lideró e impulso proyectos innovadores como MEP Móvil y Profe en Casa, además de participar en la negociación de la primera convención colectiva en el sector educativo y en procesos de resolución de conflictos en centros educativos; fue miembro de la Comisión Redactora de la Primer Política Nacional de Niñez y Adolescencia en Costa Rica y formó parte de la Junta Administrativa de la Fundación para la Cooperación Internacional (FUNDECOOPERACIÓN), instancia que gestiona proyectos de Desarrollo Sostenible y que, entre otras acciones, ejecuta el Programa de Cooperación Sur-Sur para el Desarrollo Sostenible entre Benín, Bután y Costa Rica.

A lo largo de su carrera, ha fortalecido sus conocimientos y experiencia participando en procesos de capacitación y actualización profesional en materias de planificación estratégica, derechos humanos, protección de la niñez, justicia constitucional y gestión de proyectos, entre otras.

Período comprendido entre 27 de enero 2025 y el 26 de enero de 2029.

Reseña Histórica

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue parte de una tendencia que se desarrolló desde muchos años atrás.

En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada como órgano de la Procuraduría General de la República en setiembre de 1982, cumplió funciones de defensa de derechos humanos. En la misma ley en que se creó la Procuraduría, se estableció la figura del Procurador del Consumidor. Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Este último órgano fue suprimido tiempo después. Más adelante, en el seno del Ministerio de Justicia, se crearon las instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. Este proceso tomó fuerza con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley No. 7124) que vino para crear lo que se denominó la Defensoría General de los Derechos Humanos. Esta Defensoría se creó como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y tuvo como función la protección de los derechos humanos, por lo que se dividió en seis órganos específicos: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos del Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional.

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue parte de una tendencia que se desarrolló desde muchos años atrás. La organización, atribuciones y competencias de estas Defensorías fueron determinadas por reglamento ejecutivo. Aun cuando estas oficinas lograron alcanzar ciertos resultados de importancia, su vinculación jerárquica y presupuestaria con el Poder Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Justicia, significó una limitación para su trabajo.

De ahí la importancia de que, conforme lo señala la doctrina, el órgano de control de la Administración Pública se ubique en una posición de independencia que le permita ejercer su función con la mayor libertad posible.

De forma paralela a este proceso, se trabajó en la elaboración de un Proyecto de "Ley del Defensor de los Habitantes de la República", que fue presentado a la Asamblea Legislativa el 7 de noviembre de 1985 por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia de ese entonces. La redacción del proyecto se basó en la Ley del Defensor del Pueblo Español (Ley Orgánica del 6 de abril de 1981).

En el mes de noviembre de 1992 la Ley No. 7319 del Defensor de los Habitantes de la República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia a partir del 10 de marzo de 1993. Reformada mediante la Ley No. 7423 del 18 de julio de 1994, se sustituyó la palabra "Defensor" por "Defensoría", tanto en el título como en algunos de los artículos.

La Defensoría de los Habitantes abrió sus puertas el 1 de octubre de 1993, luego de que su primer Defensor, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, asumiera su cargo a partir del 22 de marzo de 1993.

Defensores de los Habitantes

Defensores Adjuntos

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Actualizado el:   09/06/2025 

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