La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para “Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.

La Defensoría de los Habitantes acelera la investigación ante una denuncia interpuesta por una vecina de Pérez Zeledón, relacionada con el rechazo por parte de la Municipalidad local de más de cien personas quienes estuvieron interesadas en participar, el pasado 04 de abril, en una audiencia pública, destinada a discutir el Plan de Ordenamiento Territorial.

La Defensoría de los Habitantes logró constatar que el proceso administrativo donde se denuncian actos por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en los centros educativos sigue siendo revictimizante para las personas menores de edad.

Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado liquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.

2024. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, realizó esta semana una gira de trabajo en la provincia de Puntarenas, con el propósito de intervenir ante autoridades del sector público a partir de las necesidades en los servicios de seguridad, salud y educación expresadas por la población, en especial, los y las habitantes que habitan en las islas Venado y Caballo.

La convocatoria de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) para realizar un movimiento el día de hoy en la sede central de la Defensoría de los Habitantes como un reclamo al Ministerio de Educación Pública (MEP) ante los problemas para el cumplimiento en el pago del salario y sus componentes, permite a esta institución calificar como “desproporcionados e irrazonables” el plazo que debe esperar una persona docente o administrativa para una efectiva respuesta a su caso.