La Defensoría de los Habitantes intervino ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que valore la posibilidad de modificar un artículo del Reglamento de Salud que impide, a personal interino de la institución, el pago de la licencia de maternidad.

La Defensoría de los Habitantes convocó a diferentes representaciones diplomáticas en el país para establecer un primer diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica.

La regla fiscal se aplica de manera automática al gasto corriente del Sistema Público No Financiero (SPNF) sin tener en cuenta las crecientes necesidades de la población en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos. Esto resulta en limitaciones de los gastos sociales en momentos en los que la sociedad aún no ha conseguido satisfacer las necesidades básicas de la población.

La Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sobre denuncias de habitantes indicando suspensiones en las transferencias monetarias condicionadas del Programa Avancemos para el año 2024.

La crisis financiera global del 2008 y la pandemia de la COVID-19 ejercieron una presión sobre las finanzas del gobierno central, lo que llevó a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9.635. Esta legislación, además de establecer modificaciones al impuesto de ventas y de renta, estableció una regla de responsabilidad, imponiendo límites formales al gasto público y al endeudamiento gubernamental, con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal.

La Defensoría de los Habitantes ha presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo un informe detallado que examina el impacto de la regla fiscal vigente en el país, revelando preocupantes implicaciones para los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y en situación de pobreza.