Con el fin de conocer el grado de ejecución e implementación de los acuerdos nacionales, tener información sobre la metodología de atención, estado y propuestas futuras en materia de educación, la Defensoría de los Habitantes envió a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, un total de ocho consultas. Ello también, como parte del seguimiento a lo indicado en el Informe Estado de la Educación.
Para la Defensoría es necesario conocer qué acciones ha realizado el Ministerio de Educación Pública (MEP) para ampliar el número de escuelas que ofrecen el currículo completo en la educación primaria.
En términos de competitividad se ha demostrado que el Estado requiere el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, por lo que se le solicitó indicar si se tiene un plan para la apertura de nuevos colegios técnicos y/o profesionales, en lo que respecta a esta administración.
Sobre la modernización del sistema de contratación docente, se le consultó qué gestiones ha realizado para la contratación en propiedad de las plazas docentes y las modificaciones legales para su modernización, además que informe detalladamente el estado de la situación de idoneidad, estrategias y cambios en la contratación de las y los docentes.
En cuanto al Informe N° DFOE-CAP-IF-00016-2022 de la Contraloría General de la República, sobre la ejecución de los recursos tecnológicos, la Defensoría requiere conocer qué gestiones ha realizado el Ministerio para cumplir con las recomendaciones y cuáles han sido las coordinaciones con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para la utilización de $197 millones contra la brecha digital.
Con relación al recorte presupuestario sufrido este año, se le pidió también informar si se ha negociado un presupuesto extraordinario, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política e indicar si ya fueron aprobadas o no la reforma curricular y la ruta de la educación.
Sobre el tema de infraestructura educativa y el levantamiento de base de datos, la Defensoría tiene conocimiento que se obtuvo una geolocalización de todos los centros educativos por tipo de centro, por lo que se le solicitó indicar si ya se tiene o se inició la base de datos de la situación de la infraestructura educativa, presupuesto y ejecución.
Finalmente, en cuanto a las estrategias de la implementación del segundo idioma, se requiere saber cuáles han sido las acciones concretas para lograr su universalización.
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