La convocatoria de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) para realizar un movimiento el día de hoy en la sede central de la Defensoría de los Habitantes como un reclamo al Ministerio de Educación Pública (MEP) ante los problemas para el cumplimiento en el pago del salario y sus componentes, permite a esta institución calificar como “desproporcionados e irrazonables” el plazo que debe esperar una persona docente o administrativa para una efectiva respuesta a su caso.
La Defensoría ha sido testigo de las múltiples omisiones en las que incurre día con día el MEP en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como por ejemplo salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados, aumento por costo de vida no reconocido, no pago de prestaciones, y, por supuesto, el histórico retraso en la actualización de la carrera profesional y las anualidades, que a hoy asciende en la Defensoría a más de 500 casos.
El salario o remuneración constituye un derecho fundamental así reconocido por el artículo 57 de la Constitución Política, y es evidente, la relación intrínseca entre la dignidad de la persona y el salario justo con todos sus componentes, el cual, de no ser recibido en el tiempo establecido, constituye una evidente e indiscutible violación a ese derecho.
También delicado resulta el hecho de que las y los docentes se ven obligados a presentar reclamos que, en su trámite no solo revelan descoordinaciones a lo interno del Ministerio, sino que tardan en demasía en ser resueltos, por lo que se está ante plazos absolutamente fuera de lugar, amén de que rozan con el derecho a una justicia pronta y cumplida en la vía administrativa, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política. Más aún, la Defensoría estima innecesario un reclamo de parte de las y los trabajadores para que se les garantice el pago de su salario completo por el trabajo que realizaron, pues de oficio el MEP debe reconocer la suma en tiempo y sin necesidad de gestión alguna, claro está, si existiesen eficientes e integrados sistemas de control interno que así lo permita.
La más reciente gestión realizada por la Defensoría ante el MEP fue hace una semana cuando una persona docente denunció que no se la ha hecho efectivo el pago por concepto de recargo de funciones.
La Defensoría recomendó a las autoridades del MEP que se honre en tiempo el pago completo de los salarios de sus servidores, sin atribuir el retraso a la cantidad de casos que se reciben o a la falta de presupuesto, especialmente cuando del pago del salario depende la estabilidad económico-financiera de una familia y su dignidad.
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