La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.
Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y cumplimiento del plazo establecido por la Sala Constitucional.
La Defensoría de los Habitantes afirmó hoy que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.
- Defensoría acudió a Sala IV para que se garantice la protección de sus derechos.
Costa Rica excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vigente en la actualidad, a la población menor de edad indígena, lo que representa una flagrante violación al interés superior del niño y de la niña indígena, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.
Informe de la Defensoría de los Habitantes
La saturación del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela tiene una causa que agrava el problema: un faltante de 18 EBAIS, según daros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esa situación genera una sobrecarga de pacientes provenientes de algunas Áreas de Salud que presiona la capacidad de atención del centro hospitalario e impacta en la prestación de los servicios de atención médica.
- Situación salarial podría ser más grave.
Debido a las repercusiones que hay desde el punto de vista de derechos laborales del funcionariado, la no eficiencia administrativa, la afectación de las finanzas públicas y los problemas para la elaboración y ejecución presupuestaria, los procesos y sentencias judiciales, la Defensoría de los Habitantes debió pedir cuentas a seis instituciones del Estado porque la situación en los atrasos salariales de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), podría ser más grave de lo que inicialmente se pudo determinar.
Ante la situación de violencia en centros educativos y particularmente el incidente que se presentó el pasado 27 de junio, en contra de una estudiante mientras viajaba en un autobús en la zona de San Carlos, es de interés de la Defensoría de los Habitantes conocer las acciones que, desde los diferentes ámbitos de competencia, realizan o están por realizar el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.
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