Luego de hacer un análisis de informes, gestiones y consultas realizadas a la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 2023 con respecto al abordaje de las listas y los tiempos de espera, la Defensoría de los Habitantes tiene más dudas que respuestas en cuanto a la efectividad y sostenibilidad de las propuestas.
Preocupa que no existe claridad sobre si la propuesta que fue anunciada tiene o no el aval de la Junta Directiva o si existen los estudios financieros y jurídicos respectivos, como fue el caso, del plan copago. De igual manera, predomina la propuesta de las jornadas de producción como una medida extraordinaria para atender la emergencia, pero no parece haber acciones estructurales claras para evitar el incremento de la lista o mejorar la oferta para atender la demanda de los pacientes. Es decir, se atiende la fase aguda del problema, pero no se generan propuestas claras que intervengan en su prevención.
Llama la atención de la Defensoría que no se observa que se propicie un funcionamiento de la atención en salud en red, sino que se mantiene una operación fragmentada. En otras palabras, no existen propuestas de trabajo coordinado en red en el sentido de que los usuarios en listas de espera críticas puedan ser atendidos indistintamente de la red a la que pertenecen.
Algunos plazos previstos en las rutas propuestas para atender la cuestión de los médicos especialistas a cargo de la Comisión de Alto Nivel están vencidos desde noviembre 2023. Por ejemplo, ése es el caso del reglamento unificado de realización de estudios de especialidad médica. Tampoco existe una propuesta para financiar adecuadamente a la CCSS, en particular respecto de la deuda estatal, así como otras formas de financiamiento.
Para la Defensoría también el panorama se complica con las discrepancias internas en la CCSS entre su órgano político -Junta Directiva-, gerencial y técnico que genera choques entre propuestas. En un año, la CCSS ha contado con tres Gerentes Médicos, y tres coordinadores de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE). Este problema de gobernanza no logra articular propuestas unificadas y coherentes.
No se observa que las propuestas integren el aprovechamiento de los tres turnos de atención en aquellos casos que así lo permitan. Tampoco se menciona la existencia de estudios de uso eficiente de tiempo del personal de salud, en particular en los servicios de quirófanos. No se documentan estrategias tendientes al máximo aprovechamiento de las mismas en todos los centros de salud.
Otro punto que destaca la Defensoría es que aún no existe claridad en la forma en que se espera la articulación con el sector privado para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, en cuanto a las condiciones de tercerización siendo una necesidad la conceptualización y definición regulatoria de la propuesta.
Tampoco se observan reglas ni un sistema de control adecuado para utilizar los recursos disponibles en forma eficiente y la propuesta de ruta pareciera una iniciativa estrictamente institucional, sin definir la participación de los diversos actores sociales que tienen relación directa con la CCSS como la sociedad civil, los sindicatos, los colegios profesionales y sector académico.
En criterio de la Defensoría se carece de una propuesta contundente y sostenible de articulación y coordinación permanente y continua. Resulta indispensable la contabilidad de costos institucionales para establecer las tarifas de los modelos propuestos como la tercerización y el pago de servicios institucionales, porque sólo se contempla la información de costos de los 29 hospitales y 10 Áreas de Salud, en sus servicios sustantivos de atención y hospitalización. Es necesaria la implementación de una solución tipo Planificación de Recursos Empresariales (ERP).
Las propuestas para retener en la CCSS a los médicos especialistas son débiles y poco estructuradas. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de contratación del personal de enfermería para ser retribuidos según su formación profesional.
Respecto de la formación de médicos especialistas, es necesario que los contratos de retribución social sean revisados en cuanto al monto de garantía que asumen los especialistas y las condiciones generales del mismo. Las regulaciones del acceso universitario a las especialidades médicas deben unificarse en una sola norma nacional a cargo del Ministerio de Salud como rector en la materia, de tal suerte que la dispersión normativa y la falta de univocidad de criterios, no favorezca la insuficiencia de recurso humano.
