Palabras de la Ex -Defensora Lisbeth Quesada

Defensoría de los Habitantes de la República, Junio de 2008

El objetivo siempre presente, en el accionar de la DHR ha sido el resguardo de las y los habitantes, el cumplimiento y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y su bienestar, dentro de los parámetros de la Justicia, la legalidad y el Buen Gobierno. Esto último definido por Gerry Stoker (1998), como la forma de "lograr que las cosas se hagan, aunque no por el poder del gobierno de emplear la autoridad, sino por emplear la capacidad de coordinación entre los interesados, la orientación para conseguir los resultados y la integración y regulación para evitar efectos secundarios no deseados y alcanzar coordinación efectiva". Así, la idea estructural sería que propicie el bien común y el fortalecimiento de la calidad de vida de todas las personas.

Por otro lado, vale decir que para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Buen Gobierno se define como: "Democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo, transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores de la sociedad, así como una activa participación de la sociedad civil, son parte esencial para la realización del ser humano dentro de un concepto de desarrollo sostenible".

De tal forma, sin ahondar en la abundancia de consideraciones que existen en torno a la teoría del Buen Gobierno, se evidencia que de un modo eminentemente pragmático (aunque en principio conceptual), se trata de un elemento que ha sido incorporado como parte integral de la temática de trabajo en la Defensoría de los Habitantes, desde sus inicios y a partir de las competencias que le otorga su ley de creación. De tal forma, que se trata de consolidar definitivamente la temática del Buen Gobierno en el quehacer institucional dotándolo de una transversalidad que pueda permear toda nuestra labor en ese sentido y siempre desde la perspectiva de los derechos humanos.

El deber de la Administración Pública, de lograr que su accionar pase del cumplimiento efectivo de una legalidad determinada y estrechamente definida, a una justicia abarcativa del cumplimiento efectivo de todos los elementos de un Buen Gobierno, se ha constituido en algunos casos en una aspiración aún difícil de satisfacer. Durante quince años, ha escuchado la Defensoría la voz de las y los habitantes, quienes denuncian a diario cómo las instituciones se alejan del fin para el cual fueron creadas, o bien, cómo son cada vez menos tomadas en cuenta las necesidades efectivas de las personas al momento de determinar políticas públicas; esas mismas que afectarán de alguna forma su vida.

Estos requerimientos de mayor participación, transparencia, inclusividad, acceso a los servicios públicos, etc., formulados por las y los habitantes, han sido fielmente trasladados a las instituciones públicas para su atención. En algunos casos, la respuesta institucional ha logrado satisfacer las necesidades planteadas por las y los habitantes; otros no han corrido con tan buena suerte y la respuesta ha sido un largo silencio, o bien, una acción inoportuna que cuando llega no logra ya atender la problemática inicialmente denunciada.

Para la Defensoría de los Habitantes, la transición hacia una gestión pública integralmente justa, sea una gestión que respete a cabalidad los derechos humanos así como todos los principios del Buen Gobierno, requiere el empuje suficiente y necesario para agilizar su paso. Para ello, conviene plantearse desde la perspectiva de las y los habitantes, cuáles son las principales carencias de la institucionalidad costarricense que impiden cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos por los cuales las instituciones fueron creadas, sea la protección o promoción de algún derecho.

Es tiempo ya de devolver a las y los habitantes el papel protagónico que deben tener en el accionar del Estado, de generar los espacios necesarios para que la voz del habitante sea escuchada, que sus necesidades sean satisfechas y que las y los funcionarios públicos hagamos honor a lo que estableció la Ley General de la Administración Pública, ser servidores de las y los administrados.