Como parte del seguimiento que realiza la Defensoría de los Habitantes sobre la situación actual en materia de inversión social y de manera particular, aquella dirigida a la atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza, se le solicitó a la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller Castro, información relacionada con diversos programas en el periodo del 2018-2024.
La intención de la Defensoría de los Habitantes es poder ahondar en posibles efectos de la aplicación de la Regla Fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto del MEP.
La Defensoría solicitó al MEP un reporte que permita conocer la cantidad de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), del Programa de Transporte Estudiantil, de las Becas Postsecundaria y del Programa de Integración. Estos datos se requieren por edad, género y si corresponde a primaria o secundaria.
También se considera necesario tener a disposición variables cómo la distribución geográfica de las personas beneficiarias de todos estos programas según la división administrativa del MEP y el monto medio anual de las becas según el tipo.
Otro aspecto que se pregunta tiene relación con las partidas presupuestarias (presupuestadas y ejecutadas) destinadas a estos programas y becas y, si dicha asignación presupuestaria, está asociada a la pobreza extrema o a la situación económica de las familias y cuál es la norma que determina esta decisión.
Recientemente, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado y una solicitud urgente a las autoridades gubernamentales para que, a la brevedad, se dote de recursos presupuestarios a los programas que son trascendentales para la protección y el desarrollo de las personas menores de edad, para garantizar el desarrollo en una sociedad más justa e inclusiva.
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