La Defensoría de los Habitantes ha presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo un informe detallado que examina el impacto de la regla fiscal vigente en el país, revelando preocupantes implicaciones para los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y en situación de pobreza.
El estudio destaca la intersección crítica entre la política fiscal y los derechos humanos y arroja luz sobre cómo la aplicación de la regla fiscal, establecida en la Ley N° 9.635, está teniendo un impacto directo en la provisión de servicios esenciales para la población costarricense.
En la elaboración del informe se empleó una metodología multidisciplinaria que incluyó análisis documental, revisión de jurisprudencia, experiencias internacionales y entrevistas con expertos en economía y derechos humanos. La revisión de la jurisprudencia constitucional fue crucial, ya que ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia los derechos humanos en relación con las restricciones presupuestarias.
El informe revela que la aplicación de la regla fiscal ha generado rigideces presupuestarias, impactando programas sociales cruciales como salud y educación. Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica.
Además, identifica que la aplicación de la regla fiscal ha ejercido una presión significativa sobre instituciones clave como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
"Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos.", señala la Defensoría de los Habitantes.
El informe identifica doce aspectos críticos para considerar en la revisión de la regla fiscal. Estos aspectos abarcan desde el diseño e implementación de la regla hasta la definición del agregado fiscal regulado y la transparencia de la regla, todos dirigidos a proteger los derechos humanos de la población costarricense. Se destaca la importancia de una revisión de la regla fiscal que no limite la efectividad de las políticas públicas destinadas a promover los derechos humanos de la población.
Este llamado a la acción resuena con urgencia en un momento crucial para Costa Rica, instando a una reformulación de la regla fiscal que equilibre la responsabilidad fiscal con la protección de los derechos humanos, en línea con los tratados internacionales y los compromisos del país en materia de derechos humanos.
El informe se organiza en distintas secciones que cubren áreas clave. Comienza explorando el contexto y los antecedentes, analizando cómo la política fiscal se vincula con los derechos humanos y examinando detalladamente la regla fiscal definida en la Ley N° 9.635, junto con las tipologías de reglas fiscales. Presenta hallazgos específicos sobre posibles violaciones de derechos humanos, destacando los efectos de la aplicación de la regla fiscal en instituciones cruciales que atienden poblaciones vulnerables para el año 2023. Además, profundiza en los desafíos y oportunidades de la regla fiscal, y se ofrecen conclusiones y recomendaciones, respectivamente, para abordar los dilemas identificados. El día de mañana jueves se profundizará en los alcances del estudio.
