- Hoy es el Día Internacional de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
En el Día Internacional de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado para que la amplia diversidad cultural y étnica existente en el país sea incorporada transversalmente en las políticas públicas, y con ello darle más vida al mandato constitucional de ser una sociedad multiétnica y pluricultural.
Las políticas culturales son una herramienta no solo para la preservación del patrimonio, sino también para garantizar derechos humanos fundamentales, promoviendo la inclusión y la participación plena de todas las personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad.
La cultura, como bien público global, es una pieza clave para la dignidad humana y el ejercicio pleno de la ciudadanía. El enfoque de derechos en las políticas culturales no es un concepto abstracto, sino una necesidad urgente. La cultura es el vehículo a través del cual las comunidades expresan su identidad, sus valores y su visión del mundo, y como tal, debe ser accesible y participativa para todas las personas. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, participa en un encuentro impulsado por la organización Crespial denominado “Conectando el patrimonio vivo, los derechos culturales y el desarrollo sostenible de América Latina”, que se lleva a cabo en Lima.
Hablar de cultura con enfoque de derechos implica garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, identidad étnica o socioeconómica, tengan acceso a disfrutar, contribuir y participar en la vida cultural de sus sociedades. Esto incluye la protección de los derechos culturales de todas las poblaciones, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas migrantes y otras poblaciones que históricamente han sido marginadas en el quehacer de políticas públicas en cultura.
Para la Defensoría uno de los desafíos más importantes que enfrentamos es cómo construir políticas culturales que respondan a la diversidad de nuestras sociedades. No es posible hablar de derechos culturales sin reconocer primero la necesidad de erradicar la discriminación racial, étnica y cultural que muchas comunidades enfrentan en su día a día. En el país, comunidades como los pueblos afrodescendientes e indígenas han hecho contribuciones invaluables a la identidad nacional a través de la música, el arte, la gastronomía y más. Sin embargo, siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a la educación, la justicia y la participación cultural en igualdad de condiciones.
Es en este contexto que se debe reconocer el papel fundamental del patrimonio vivo, compuesto por las múltiples prácticas, conocimientos y expresiones que se transmiten de generación en generación. Este patrimonio no es estático; es dinámico y evolutivo, y está profundamente arraigado en las comunidades que lo mantienen vivo. Este patrimonio, en constante evolución, desempeña un papel central en la cohesión social y en la construcción de identidades comunitarias.
El caso de las comunidades afrodescendientes un ejemplo notable es la herencia cultural de Puerto Viejo y Cahuita, pues no solo incluye las estructuras arquitectónicas históricas, sino también el patrimonio intangible como el calipso, que fue declarado patrimonio cultural inmaterial. Estas expresiones son esenciales para el sentido de pertenencia de las comunidades y, al igual que las edificaciones, deben ser preservadas no solo por su valor histórico, sino por su contribución a la identidad cultural del país. La Defensoría ha señalado en reiteradas ocasiones que, el patrimonio no puede ser disociado del entorno que lo vio nacer; al perderse las casas y tradiciones, se pierde parte esencial de la identidad comunitaria.
En el marco de esta actividad se aprovechará para la firma de un convenio que pretende promover el fortalecimiento de las capacidades de las Defensorías agrupadas a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano en relación a estos temas y, además promover la elaboración de informes regionales sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
