- Costa Rica será evaluada en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica como una contribución para la 47° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (IV Ciclo periodo 2022-2027), enmarcado dentro de un contexto complejo y con riesgos de regresividad.
Costa Rica será evaluada en esta materia el próximo mes de noviembre 2024 a través del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es un mecanismo que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
La Defensoría hizo llegar el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 06 de abril, donde contempla un estado de situación a través de 73 puntos que incluyen recomendaciones puntuales, pendientes y avances en aspectos relacionados con temas laborales, acceso al agua potable, niñez y adolescencia, mujeres, seguridad alimentaria, pensiones, acceso a la salud y listas de espera, seguridad ciudadana, situación de la pobreza, transparencia y lucha contra la corrupción, población migrante, personas adultas mayores y personas con discapacidad, poblaciones indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ+, entre otras. En este mes se hizo una presentación a organizaciones de la sociedad civil y al cuerpo diplomático acreditado con una versión ampliada.
Entre los puntos que la Defensoría llamó la atención están las citas con especialistas con 371 días de espera en promedio y cirugías 552 días de espera en promedio a la fecha del estudio. En la gestión del agua para consumo humano muestra debilidades en la protección de nacientes y zonas de recarga acuífera, así como en las diversas fases de producción -captación, almacenamiento, potabilización, distribución- aunque se reconoce como avance la Ley N°9849 Adición a la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano al agua. Otra preocupación es la contaminación por uso de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente sano en actividades agrícola donde ha tramitado denuncias en zonas tales como Buenos Aires de Puntarenas y Oreamuno de Cartago.
Las personas privadas de libertad se mantienen con sobrepoblación, hacinamiento y hay necesidad de redefinir la Política Criminal del país para fortalecer la prevención del delito ante la complejización del perfil delincuencial. Las poblaciones con VIH tienen limitaciones en el acceso a servicios de salud y tratamientos, incidiendo en la continuidad y adherencia al tratamiento, por razones imputables al Estado, ante falta de previsión en el suministro de medicamentos.
La Defensoría recomendó que el país pueda discutir la carencia actual de una ley general que regule los derechos de las poblaciones LGTBIQ+. El acceso a la tierra de pueblos tribales afrodescendientes y pueblos indígenas denota inacción estatal, sin que se identifiquen medidas claras para la correcta delimitación y rectificación de la cabida de los territorios. Las poblaciones afrodescendientes adolecen falencias del Estado pues prevalece una visión fragmentada en la institucionalidad, particularmente en la lucha contra la discriminación racial. Las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para el pleno cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades N°7600, así como para participar en las decisiones político-administrativas o legislativas.
La pobreza por ingresos (aproximadamente 20% de la población) y la pobreza multidimensional (aproximadamente 30% de la población) presenta riesgos de incrementarse, en razón del debilitamiento de la Inversión Social Pública. Ante la situación de seguridad ciudadana se recomendó que el país elabore el Plan de Acción de la Política Pública, así como dotar de presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública para el adecuado cumplimiento de su valor público, tanto en términos preventivos como de seguridad.
También se llamó la atención que la violencia y el acoso en el ámbito laboral no tiene legislación específica. La violencia obstétrica no ha sido incluida en la normativa nacional, no se ha generado un indicador nacional. También predominan debilidades institucionales para abordar la violencia contra las mujeres. La Inversión Social Pública (ISP) dirigida a la niñez y la adolescencia ha sufrido recortes significativos y la Educación Pública muestra asignaciones presupuestarias decrecientes, de ahí que sea prioritario la asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan revertir los rezagos en deserción estudiantil, infraestructura educativa y brechas tecnológicas. También es importante para el país fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de pensiones, así como promover una Política Nacional de Transparencia y Anticorrupción.
Informe en: https://drive.google.com/file/d/1BQbZvP-glyRno_Mo1B8W1FCjC0u5QXkC/view
