Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes
Uno de los temas que ha sido prioritario a lo largo de la presente gestión de la Defensoría ha sido no solo la preocupación por la situación de la inversión social, sino también los riegos que ello implica en la regresividad de los Derechos Humanos. Esa advertencia fue hecha por esta Defensoría al país en diciembre del año 2023, principalmente centradas en el impacto de sectores de la población y áreas del Estado muy sensibles como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud, los derechos laborales, la seguridad económica de las personas adultas mayores, la niñez y la adolescencia, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en condición de calle, la población en condición de pobreza, las personas afrodescendientes e indígenas y la seguridad alimentaria, entre otros temas de gran complejidad en la garantía y respeto de los derechos de los y las habitantes.
Como ejemplo, en materia de salud, para la Defensoría es necesario explorar soluciones estructurales en el manejo de las listas de espera, infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención, dotación de recurso humano especializado, medicamentos, fortalecimiento del régimen de pensiones y abordaje integral de situaciones relacionadas con la atención de la salud mental. A ello se suma la situación con la lista de espera de personas en pobreza para optar por una pensión por el Régimen No Contributivo de la CCSS. Cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indicaban la existencia de 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.
En educación, la Defensoría ha sido enfática en la seguridad a un financiamiento adecuado así como una ampliación de la cobertura del bilingüismo, la educación técnica, la ampliación de los centros educativos que imparten el currículum educativo completo y la calidad de la educación; aunado a otros derroteros consignados en el último Informe Estado de la Educación, entre ellos, la infraestructura educativa y el cumplimiento de los derechos laborales de personal docente y administrativo del MEP por incumplimientos en el pago de diferentes componentes salariales, entre otros temas.
En materia de seguridad, el país transita por niveles preocupantes de violencia y un ejemplo de ello es la cantidad de homicidios nunca antes vista en la historia del país en el año 2023 y con una ruta similar en el presente año. Esta Defensoría ha realizado gestiones para apoyar procesos tendientes a la prevención de delitos, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal, y ha solicitado la formulación de una adecuada Política Nacional de Seguridad. A ello se suma que hemos denunciado un cansancio importante del personal penitenciario, que tiene no solo altas cargas laborales sino también insuficiencia de funcionarios/as en campos como la policía y personal técnico.
Paralelo a ello la institución ha hecho múltiples advertencias relacionadas con:
- La urgencia que el país aborde la seguridad económica de las personas adultas mayores.
- La sostenibilidad de medidas ante la crisis migratoria en la región, generando un impacto importante en nuestras comunidades fronterizas, donde se garantice un tránsito seguro, ordenado, regular y digno.
- La urgencia de resolver la problemática de tener un Estado desarticulado y sin garantías efectivas para una protección integral de la niñez.
- La priorización de acciones y proyectos que permitan garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y medidas efectivas y oportunas para evitar la contaminación del preciado líquido.
Otros temas que como Defensoría de los Habitantes hemos venido ejerciendo control de legalidad son aquellos relacionados en materia de inversión social y de manera particular aquella dirigida a la atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza se ha visto seriamente afectada debido a los recortes presupuestarios a Programas como Avancemos y Red de Cuido del IMAS, Hogares y ONG Subvencionadas por el PANI y Becas de Transporte Estudiantil; estas últimas se derivan del presupuesto en Educación más bajo en los últimos diez años, lo que impacta negativamente los entornos educativos en general. Así lo advirtió esta Defensoría en febrero del presente año. Las limitaciones y recortes en la inversión social acrecientan las desigualdades y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables, así como el aumento en los índices de violencia, entre otras afectaciones.
En esa misma línea de trabajo la Defensoría ahondó en posibles efectos de la aplicación de la Regla Fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto, y cómo ha generado rigideces presupuestarias, impactando programas sociales cruciales como salud y educación. Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica.
Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos.
También la Defensoría ha sostenido reuniones con el sector agrícola quienes sienten la ausencia de mecanismos de sana competencia de mercados, la enorme afectación de las importaciones de producción agrícola, así como los seguros pues, hoy en día, con el impacto del cambio climático, sembrar sin una cobertura de protección lo calificaron como de un riesgo muy alto.
Es importante indicar que, del último análisis preliminar realizado por la Defensoría de los Habitantes a un grupo de programas sociales se evidencia una carencia de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.
Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados.
En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.
La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
“La crisis de abastecimiento de agua potable, la contaminación de fuentes de agua y la necesidad de infraestructura hídrica es fundamental en materia de inversión social”
