- Agua, alimentos, salud, ambiente y vivienda impactan con gravedad a las comunidades
El país debe seguir apostando por gestionar el riesgo de las emergencias provocadas por el cambio climático y sus impactos, debido a que cada año las consecuencias en la salud, el agua, la alimentación, el ambiente, la vivienda, entre otros, son cada vez mayores y más graves.
Las políticas climáticas de Costa Rica reconocen que el cambio climático no solo es un desafío ambiental, sino también una amenaza directa a los derechos fundamentales de la población. Hay áreas críticas:
- Derecho al agua: La escasez de agua y las sequías impactan la disponibilidad del recurso, afectando principalmente a comunidades rurales y en condición de vulnerabilidad.
- Derecho a la salud: El aumento de la temperatura y la contaminación atmosférica incrementan la incidencia de enfermedades respiratorias y otras afecciones.
- Derecho a un ambiente sano: Este derecho se ve amenazado por la crisis climática, lo que nos obliga a tomar medidas urgentes y efectivas.
La Defensoría de los Habitantes ha adoptado un enfoque exhaustivo para integrar el abordaje del cambio climático y los derechos humanos en sus políticas y planes estratégicos. En el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, se ha priorizado la sostenibilidad ambiental como un eje transversal y se dispone la instrucción de establecer, dentro de la institución, metas claras en la defensa de la sostenibilidad ambiental, la economía ecológica y la recopilación de datos precisos para influir en políticas públicas.
Como parte del trabajo se tiene que dar seguimiento a varias iniciativas, en las cuales están:
- La gestión del recurso hídrico: Monitoreo de sequías y evaluación de las medidas que toman las instituciones públicas para la gestión del riesgo y la protección del agua.
- Protección de comunidades en condición de vulnerabilidad: Iniciativas en zonas vulnerables para desarrollar medidas de adaptación ante inundaciones y otros eventos climáticos.
- Modernización y priorización del transporte público
- Capacitación a la sociedad civil sobre protección y gestión del recurso hídrico
Es preciso indicar que uno de los pilares fundamentales de las políticas climáticas es la participación ciudadana, la cual es promovida por la Defensoría de los Habitantes para que todas las instituciones del Estado aseguren procesos transparentes y participativos en la toma de decisiones. Pero la participación ciudadana no debe limitarse a gestionar la presencia de habitantes en las diferentes convocatorias del Estado. La verdadera participación ciudadana debe ser informada y crítica. Por ello, la Defensoría ha fijado como uno de sus ejes estratégicos ofrecer capacitación a las y los habitantes sobre cambio climático y en particular sobre la gestión del recurso hídrico. De esta forma, desde la Defensoría fomentamos la interacción informada de las personas y las comunidades con las autoridades estatales.
Asimismo, la Defensoría ha insistido ante el Estado en la necesidad de ejecutar acciones de adaptación que protejan a los sectores más vulnerables, mejorando la infraestructura para enfrentar eventos climáticos como inundaciones y asegurando el acceso al agua potable, así como la implementación de medidas preventivas para la protección de los derechos fundamentales de la población y garantizar su seguridad. Asimismo, la Defensoría ha sido enfática en plantear que el acceso al agua limpia y a energías sostenibles, es una obligación derivada de toda la normativa vigente, pero también de las obligaciones derivadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas,correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.
