La situación actual en materia de inversión social y de manera particular aquella dirigida a la atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza se ha visto seriamente afectada debido a los recortes presupuestarios a Programas como Avancemos y Red de Cuido del IMAS, Hogares y ONG Subvencionadas por el PANI y Becas de Transporte Estudiantil; estas últimas se derivan del presupuesto en Educación más bajo en los últimos diez años, lo que impacta negativamente los entornos educativos en general.
Estos recortes se producen en un momento en el que el escenario económico es realmente complicado para un importante sector de la población, si se toma en consideración que, según la Encuesta de Hogares 2022, en el país casi 4 de cada 10 niños experimentan las limitaciones propias de la situación de pobreza. Pese a este difícil panorama, las familias de al menos 15,000 beneficiarios de Avancemos dejaran de percibir las transferencias monetarias que sostienen a sus hijos en hijas en el sistema educativo formal, ya que solo este programa recibió 12 mil millones de colones menos que el año anterior.
De la misma manera se ven afectadas las familias que acogen a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su núcleo familiar por diversas razones, en este caso, el subsidio hoy es un 17,3% menos en el monto ordinario y de hasta un 21,8% para personas con discapacidad, comparado con el año anterior, además de la limitación para la apertura de nuevos cupos para quienes estuvieran a la espera de ingresar a dicho programa, lo que pone en peligro no solo la continuidad y permanencia de las personas menores de edad en entornos valorados como seguros sino que condiciona la disponibilidad de nuevos recursos familiares o comunales para ubicaciones temporales, o en el peor de los casos, la respuesta es la institucionalización de las personas menores de edad.
Las limitaciones y recortes en la inversión social acrecientan las desigualdades y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables, así como el aumento en los índices de violencia, entre otras afectaciones.
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado y una solicitud urgente a las autoridades gubernamentales para que, a la brevedad, se dote de recursos presupuestarios a los programas que son trascendentales para la protección y el desarrollo de las personas menores de edad, particularmente se conoce que existe una instancia por parte de un grupo de diputados y diputadas para la aprobación de un presupuesto extraordinario que solvente la crisis del Programa Avancemos, gestión que atendería parcialmente la afectación generada, sin embargo, la situación se debe abordar de manera integral y financiar todos los programas que se han visto impactados negativamente. Sólo así se puede garantizar el desarrollo en una sociedad más justa e inclusiva.
