- En Juzgado Especializado de Cobros en Pococí
Luego que una habitante solicitara la intervención de la Defensoría debido a un prolongado embargo salarial a pesar de haber cumplido con los pagos requeridos, se logró determinar que el Juzgado Especializado de Cobro de Pococí, que lleva el caso, presenta una acumulación de 60.690 escritos pendientes de resolver a enero del presente año, lo que ha causado demoras en la resolución de casos.
Para esta Defensoría, la mora judicial ha impactado gravemente el derecho a una justicia pronta y cumplida, garantizado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Además, de acuerdo con información del Juzgado solo se cuenta con cuatro técnicos tramitadores, por lo que hay un recargo de funciones y por ende, limita la capacidad de respuesta, además, de la información remitida por la Contraloría de Servicios, se determina que algunas situaciones derivadas del proceso y la carencia de información clara a la denunciante sobre el monto real de la deuda a pagar; existe un problema de los recursos asignados por el Poder Judicial para la atención de las gestiones y expedientes asignados al Juzgado Especializado de Cobros del Pococí del Poder Judicial.
Según los datos proporcionados a la persona afectada desde el año 2023 a enero del 2024 los casos han venido en incremento, pues la cifra pasó de 48.778 escritos pendientes de resolver en febrero del 2023 a 60.283 escritos en agosto de ese mismo año, y 60.691 a enero del 2024.
Desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia es consciente que ha incurrido en mora judicial, afectando el derecho a la justicia pronta y cumplida y las garantías judiciales previstas tanto en la Constitución como en la normativa internacional para garantizar un plazo razonable en la tramitación de las causas judiciales. Esto se constata en las decisiones adoptadas tanto por el Consejo Superior como por el Centro de Apoyo y Mejoramiento a la Función Jurisdiccional, en cuanto a suministrar cuatro personas técnicas judiciales y dos juzgadoras para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2024. No obstante, no se brinda información sobre el cumplimiento de estas medidas.
La Defensoría comprende las dificultades presupuestarias que están enfrentando los diversos Poderes y entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, frente a las denuncias que plantean las y los habitantes ante la institución, es su obligación la defensa de sus derechos.
Es por esta razón que, se le giró una serie de recomendaciones al Poder Judicial, entre las que destaca el informar sobre las acciones que se adopten para solventar el problema de mora judicial en el Juzgado Especializado de Cobros del Pococí, con el fin de disminuir la cantidad de pendientes que existen. A este respecto, señalar fechas y el plazo de ejecución.
Además, someter a valoración la modificación de dos circulares de la Corte que buscan brindar un nivel de justicia en la resolución de los escritos y procedimientos pendientes en los Juzgados y Tribunales, para ajustarlas a los criterios propios de un abordaje en Derechos Humanos, promoviendo la inclusión y el enfoque diferenciado a partir de la realidad de las poblaciones.
Cabe destacar que, el pasado 17 de Setiembre, el Consejo Superior del Poder Judicial, tomó como acuerdo solicitar un informe a la Comisión de la Jurisdicción Civil, al Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Pococí, a la Dirección de Planificación, al Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Judicial y a la Contraloría de Servicios, sobre esta situación.
