- Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad
Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.
Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.
Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.
Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.
La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación - en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.
En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.
La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.
