* Ya ni la policía está segura
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a la institucionalidad del país, para que fortalezca aún más la inversión en seguridad pública. Dados los hechos violentos ocurridos en los últimos años en el país, no puede asumirse como algo cotidiano la dimensión de la violencia en las calles y en otros espacios de la sociedad.
Para este Órgano Defensor, la escalada de violencia que aqueja al país deteriora la convivencia social y pone al Estado en una alerta permanente.
Si bien, el giro progresivo de recursos aprobados por la Asamblea Legislativa al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es una decisión pertinente, para la contratación de personal y otras necesidades operativas de los cuerpos de investigación; no deben soslayarse esfuerzos para abordar el fenómeno de la inseguridad de manera integral.
La violencia roba la paz a la población. La cantidad de homicidios ha aumentado de forma alarmante, como nunca antes en la historia patria. Las muertes violentas nos arrebatan a decenas de mujeres y jóvenes cada año. A su paso, la problemática deja profundas heridas a centenares de familias cada año.
No en vano, la seguridad sigue siendo una de las grandes preocupaciones que tiene la población (el 30,3% de las personas lo consideran del más alto interés según la encuesta CIEP-UCR de noviembre anterior), y desde esa perspectiva el Estado no solo debe reaccionar con efectividad ante los delitos, sino también brindar las herramientas sociales para su prevención.
“Hoy en día, muchas familias viven un dolor inimaginable por la pérdida de seres queridos como consecuencia de la violencia; incluso, los cuerpos policiales y de investigación hoy ya no están seguros, lo cual debe movilizarnos a todas y todos para que como sociedad no escatimemos esfuerzos en la lucha contra la violencia”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Desde el ámbito de los Derechos Humanos, conviene recordar que la Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, a cuyas metas se comprometió Costa Rica, nos compele a fortalecer a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley; a promover la justicia y garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos; a mejorar la efectividad y la transparencia de esas instituciones; y contribuir a reducir la violencia y el crimen.
Desde la Defensoría de los Habitantes, exhortamos a los poderes de la República para que el combate a este flagelo comprenda acciones integrales, que incluyan el combate inmediato a la criminalidad, con los recursos suficientes y necesarios, pero también con un enfoque preventivo acorde al paradigma de los Derechos Humanos y con acciones particularmente dirigidas a las personas jóvenes, que carecen de oportunidades de educación y de empleo, inmersas en entornos sociales y comunales que exhiben especiales desafíos en materia de desarrollo humano, y que son blanco fácil del crimen organizado.
