La red vial nacional de un país es uno de sus activos más importantes ya que, tanto su desarrollo como un eventual colapso, tiene efectos directos sobre los bienes y servicios públicos disponibles, oportunidades de un bienestar económico y especialmente, sobre la seguridad y la vida de sus habitantes.
Es desde esta perspectiva que la infraestructura es considerada un derecho humano progresivo, con un impacto transversal en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, correspondiendo al Estado la obligación, tanto del desarrollo de nueva infraestructura vial, como el adoptar las medidas de inversión en su mantenimiento, conservación y buen estado de la ya existente.
Es en este sentido, que la Defensoría de los Habitantes, haciendo eco del llamado del LANAMME, en el que se viene advirtiendo, no ya de la necesidad del desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial, sino del progresivo deterioro de la infraestructura existente, ha procedido a la apertura de una investigación en la que, desde la perspectiva de Derechos Humanos, realizará un análisis del sistema de gestión de Puentes del CONAVI, para lo que ha solicitado el inventario completo y la base de datos actualizada sobre la condición y/o estado de todos los puentes vehiculares y los puentes peatonales de la Red Vial Nacional.
Asimismo, es de interés abordar durante la investigación, los criterios de priorización en la formulación presupuestaria para la planificación y programación de conservación, rehabilitación y sustitución de puentes de la Red Vial Nacional, con especial énfasis en los proyectos que serán cubiertos con los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tramita actualmente la Asamblea Legislativa por un monto 700 millones de dólares, entre los que se detallan 135 puentes.
La Defensoría de los Habitantes continuará con otras investigaciones, en las que se abordará el tema sobre la “gobernanza de infraestructuras”, como lo ha dado a llamar la OCDE, abordando otros temas como la infraestructura vial cantonal y la infraestructura educativa.
“Dado que existe una relación directa entre los derechos humanos, la competitividad/producción de un país y el crecimiento de su infraestructura, la Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, no puede permanecer ajena a estos temas, ya que cuando un país desarrolla infraestructura, resiliente, oportuna y de calidad, como lo señala el objetivo 9 de los ODS, conlleva un impacto positivo, directo y transversal en la Agenda del Desarrollo Sostenible, al que igualmente se deben hacer los esfuerzos necesarios para incluir a todas las regiones del país, sin dejar a nadie atrás”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
