En el marco del Día Internacional del Migrante, el Consejo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Centroamérica y República Dominicana reafirma su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, reconociéndolas como sujetos de derechos que contribuyen significativamente al desarrollo, la economía, la cultura y la ciencia en los países de destino.
La migración es un fenómeno complejo que refleja esperanza, sacrificio y resiliencia. Es el rostro de quienes buscan un futuro mejor para sus familias y representa un motor económico esencial a través de las remesas que sostienen a millones de hogares en sus países de origen. Sin embargo, este fenómeno también expone a las personas en contexto de movilidad humana a realidades alarmantes, como desapariciones, violencia, discapacidad permanente y explotación a manos de redes criminales.
El desafío es inmenso. En octubre de 2024, se reportó que más de 828,000 personas ingresaron de manera irregular a México, provenientes principalmente de Venezuela, Ecuador, Honduras y Guatemala. De este total, aproximadamente 97,000 eran niñas y niños1. Estas cifras reflejan la magnitud del fenómeno migratorio y la urgente necesidad de articular respuestas regionales integrales que prioricen la protección de los más vulnerables.
Es imprescindible que las instituciones de derechos humanos trabajen conjuntamente para fortalecer la protección de las personas migrantes, desplazados internos y refugiados, con especial atención a niñas, niños, adolescentes no acompañados; mujeres; comunidades indígenas; personas de la diversidad sexual; personas con discapacidad; y adultos mayores. Cada uno de ellos enfrenta barreras particulares que exigen un enfoque diferenciado y comprometido por parte de los Estados.
Exhortamos a los Estados de origen, tránsito y destino a reconocer la vulnerabilidad específica de las personas migrantes y a implementar políticas de prevención que garanticen el respeto de sus derechos. La migración debe ser un derecho, no una obligación impuesta por la pobreza, la violencia, el desempleo, la inseguridad o la exclusión social.
Además, es fundamental que los Estados reconozcan y aborden el fenómeno del desplazamiento forzado interno y que trabajen para solucionar las causas estructurales que obligan a las personas a migrar como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, y garantizar condiciones que permitan a las personas optar por quedarse en sus lugares de origen si así lo desean.
Finalmente, hacemos un llamado a que la migración sea tratada como un tema prioritario en las agendas de los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil, para que ésta ocupe un lugar prioritario. Las personas migrantes no son solo cifras: son madres, padres, hermanos, hermanas, hijas e hijos que merecen vivir con dignidad, libres de discriminación y con pleno respeto a sus derechos humanos, sin importar dónde se encuentren.
