En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado para que el Estado costarricense apruebe y oficialice la propuesta de la nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2032, ya que es importante brindar respuesta a una población que ha ido en crecimiento en los últimos años y que plantea grandes retos y desafíos porque demandará la prestación de servicios adecuados a sus necesidades específicas.
Para esta Defensoría, urge desarrollar los principios y enfoques que contribuyan a definir el accionar de las instituciones dentro del nuevo paradigma que requiere el abordaje del envejecimiento de la población y, dentro del cual, es posible materializar los derechos humanos de las personas mayores a efecto de suprimir las prácticas que vulneran a esta población y que rozan los márgenes de la discriminación y la exclusión social.
Y es que Costa Rica no escapa del envejecimiento poblacional derivado de la transformación de las estructuras de edades que viene ocurriendo a nivel mundial, fenómeno que, a todas luces, presenta importantes desafíos en diversos servicios, como la seguridad social, los sistemas de protección de la vejez, especialmente en materia de pensiones; al igual que en la prestación de cuidados, entre otros de no menor atención.
Datos revelados en junio pasado por el Centro de Investigación Observatorio de Desarrollo y el Programa Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica, indican que la proporción de personas de 65 años y más ha alcanzado el 13,63% de la población en 2022, representando un total de 710.417 personas adultas mayores, sobrepasando las estimaciones alcanzadas mostrando un aumento de 209.264 personas mayores.
Asimismo, señala el incremento de los niveles de dependencia y discapacidad de las personas a consecuencia de pandemia por Covid-19 y las desigualdades en la salud y condiciones socio económicas, en particular para las mujeres.
Por otro lado, se indica que 189.373 personas adultas mayores (27%), viven en pobreza (extrema y pobreza no extrema), 35.272 no tienen recursos para comprar los alimentos más básicos y 154.101 tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo la canasta básica según la línea de pobreza.
