Lunes 06 de Noviembre 2023. Frente a la escasa información proporcionada por el Poder Ejecutivo en respuesta a las interrogantes sobre la problemática de seguridad que impacta al país, la Defensoría de los Habitantes intensificó sus esfuerzos el día 23 de octubre de 2023, solicitando al Presidente de la República precisiones sobre puntos clave. Estas consultas incluyeron la fecha prevista para la emisión y formalización de la política nacional en materia de seguridad, el cronograma establecido para la creación de dicha política y si se había fijado mediante algún Decreto Ejecutivo o instrumento legal, así como los actores involucrados en su formulación. También se enfatizó en la importancia de integrar el enfoque Basado en Derechos Humanos y la participación ciudadana en el proceso de desarrollo de la política.
La respuesta llegó el 2 de noviembre de 2023 a través del oficio PR-DP-1483-2023, firmado por el Sr. Gabriel Aguilar Vargas, quien se limitó a adjuntar el documento MSP-DM-1638-2023, emitido por el Ministro de Seguridad Pública. En él se menciona que la política de seguridad pública se está desarrollando meticulosamente con expectativas de finalización en noviembre de 2023 y se encuentra actualmente en la etapa de redacción del documento definitivo.
Se destacó la participación de alrededor de 10 entidades, incluyendo el Consejo de Seguridad y el Consejo Social, la Universidad Estatal a Distancia, y los Consejos Municipales de todas las regiones del país, además de la sociedad civil y líderes comunitarios en el proceso de formulación. Sin embargo, no se detallaron las fechas ni los lugares de estas reuniones.
Respecto a la integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la política, la comunicación no precisó los criterios ni las evaluaciones técnicas consideradas para incorporar esta perspectiva esencial en las políticas públicas de un Estado social y democrático de derecho, como lo es Costa Rica.
Ante esta situación, la Defensoría reitera su exhortación al Poder Ejecutivo para que se expida con urgencia la política nacional de Seguridad Pública, asegurando además la asignación de los recursos financieros necesarios para su efectiva y fructífera implementación. Esta demanda cobra mayor relevancia ante la creciente crisis de inseguridad que asola al país, reflejada en la alarmante cifra de más de 700 homicidios en lo que va del presente año.
