Preocupa a la Defensoría de los Habitantes que las violaciones al derecho de acceso a la información alcancen una cifra récord para el presente año 2024. De acuerdo con lo reportado hoy en el diario La Nación, durante 2024 la Sala Constitucional ha declarado con lugar 459 recursos de amparo ante la negativa de instituciones públicas a suministrar información, muy superior a los registrados en años anteriores.
Las cifras crecientes en esta materia coinciden con el incremento de denuncias que también registra la Defensoría en la tipología “Derecho de acceso a la información”, pues mientras en 2023 se recibieron 231 denuncias, al 07 de octubre de 2024 ya se registran 311, y en el subcomponente “Omisión de respuesta pura y simple”, en todo 2023 se registraron 192 denuncias y en lo que va del presente año 256.
Otros componentes del derecho de acceso a la información que registran un incremento de denuncias son la “Inexistencia física y en la web de información de interés público”, con 3 denuncias recibidas en 2023 y 19 en 2024; y la “Denegatoria del libre acceso a información de interés público”, con 9 denuncias el año pasado y 12 a la fecha. Por su parte, en la tipología relativa al “Derecho al debido proceso administrativo”, en el componente “Limitación de vías para gestionar o pedir información”, en 2023 se registraron 55 denuncias y al 07 de octubre del presente ya van 90 denuncias recibidas.
Cabe también anotar que las denuncias en esta materia permiten identificar segmentos de población que sufren con particular gravedad la renuencia de las instituciones para brindar información, es el caso de las personas docentes y pensionadas del Ministerio de Educación Pública, que se han quejado de la insuficiente información ministerial con respecto al pago de diferentes conceptos salariales que les corresponde.
Asimismo, la Defensoría ha conocido un importante incremento de denuncias relativas a la omisión de respuesta, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, con respecto a consultas de habitantes sobre el trámite de pensiones del Régimen No Contributivo, programa que actualmente cuenta con más de 30.600 solicitudes de pensión sin resolver. Por su parte, habitantes recurrieron a la Defensoría para reclamar la falta de respuestas oportunas por parte del Banco Popular con respecto a la devolución de sus ahorros en Coopeservidores, y otros aspectos relacionados con sus operaciones en esa entidad financiera.
Cabe también anotar que la propia Defensoría ha enfrentado la renuencia institucional para obtener información, tal como ocurrió con el Ministro de Seguridad Pública en relación con consultas formuladas sobre el diseño, financiamiento y ejecución de la Política de Seguridad Ciudadana “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”, por lo cual debió recurrir a la Sala Constitucional y en la actualidad se está a la espera del fallo judicial.
Con respecto a esta temática, valga indicar que la Defensoría trabaja actualmente, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en un remozamiento de la metodología del Índice de Transparencia del Sector Público(ITSP), instrumento que será aplicado en 2025 por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, del cual se ha trabajo en conjunto con esta última entidad desde el inicio, a fin de evaluar la calidad de la información y la transparencia que ofrecen los sitios web de las distintas instituciones públicas. Datos del último ITSP, correspondiente al año 2021, revelaron que en el rubro “Acceso a la Información”, el conjunto de instituciones alcanzó tan sólo un 58%, con algunos resultados tan pobres como la información sobre la contratación de asesorías externas con un 17% e información sobre “Dietas de juntas directivas” con un 27%.
Actualmente la Defensoría brinda acompañamiento, en calidad de observadora, a la formulación de una Política Nacional de Integridad y combate a la Corrupción, que plantea entre sus ejes de acción el de “Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas”, proceso que recientemente fue convocado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría de la Ética, y que ha tomado como base de trabajo la propuesta realizada años atrás por la plataforma interinstitucional “Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción” (ENIPC), de la cual formó parte este órgano de control.
Es importante finalmente destacar que la semana anterior fue aprobada en segundo debate, la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, un marco regulatorio indispensable para garantizar la aplicación de protocolos y sanciones a los entes públicos que se nieguen a suministrar la información que requiere la ciudadanía, y por la cual esta institución ha abogado durante años, al igual que por la política pública, dada la sistemática violación a ese derecho fundamental que se registra en el país y que lamentablemente exhibe un incremento en el presente año.
En resumen, las cifras son un indicador preocupante para la Defensoría de que el derecho constitucional de acceso a información de interés público continúa siendo un derecho reactivo, es decir, que para su reivindicación o ejercicio efectivo es necesario que los habitantes deban accionar el aparato judicial por la vía del amparo. Ello contrasta con un sistema democrático vigoroso que debería asegurar un ejercicio proactivo (no reactivo) del derecho de acceso a información pública donde las instituciones públicas deben garantizarlo ex profeso, de oficio, poniendo a disposición de los habitantes toda la información de interés público sin necesidad de que los habitantes recurran a la denuncia ni ante la Defensoría ni ante el Tribunal Constitucional.
