- Tímidos avances para la edificación de más de 50 proyectos de la CCSS
La Defensoría de los Habitantes expresa su preocupación sobre el estado actual del Fideicomiso Inmobiliario entre el Banco de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, establecido desde el 2017, un proyecto que, según reportes, ha presentado retrasos significativos en su ejecución. A pesar de haber iniciado formalmente en el 2019, los avances han sido limitados, lo que genera inquietud en torno a la efectividad de su desarrollo y la gestión de los recursos involucrados.
La Defensoría emitió a finales el año 2023 recomendaciones para transparentar el proceso y como parte del seguimiento del caso el pasado 04 de setiembre 2024 se solicitó a la presidenta ejecutiva de la Caja, Martha Esquivel, información detallada y clara sobre el futuro del fideicomiso y los criterios técnicos y jurídicos que la Junta Directiva de la CCSS estaba considerando para determinar la conveniencia u oportunidad de la ampliación o no del contrato del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.
Recientemente, el 12 de setiembre, la CCSS le indicó a esta Defensoría que se dio la conformación de un Comité Ejecutivo del Fideicomiso para realizar un análisis de escenarios sobre la continuidad del mismo. Indicaron que se analizó el contrato de fideicomiso, el estado de avance de los proyectos, capacidad de ejecución de las obras, se identificaron escenarios sobre la continuidad y un análisis financiero y de riesgos sobre cada una de las alternativas. Comunicaron que actualmente la Junta Directiva de la CCSS realiza talleres para conocer los escenarios y los criterios técnicos, financieros y legales, para la toma de decisiones en torno a su continuidad.
Antecedentes del Fideicomiso
El Fideicomiso Inmobiliario BCR/CCSS 2017 tiene como objetivo la construcción de 53 inmuebles, que incluyen 30 sedes de áreas de salud, 18 sucursales, 4 direcciones regionales de sucursales y un centro de distribución, fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud del país. A pesar de las expectativas generadas, las obras no han avanzado al ritmo esperado, generando retrasos que afectan a la población.
La Defensoría ha identificado diversos problemas, entre ellos la falta de multas contractuales hacia el fiduciario (BCR) en caso de demoras, así como dificultades derivadas de la burocracia estatal que han obstaculizado la obtención de permisos y la viabilidad de los terrenos proporcionados por la CCSS para la construcción.
Esta Defensoría subraya la importancia de que tanto la CCSS como el BCR garanticen la transparencia del proceso y rindan cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Además, reitera la necesidad de evaluar cuidadosamente si es conveniente o no extender el plazo del fideicomiso, siempre considerando el bienestar de la población y la adecuada administración de los fondos involucrados.
