- Acción permitiría a las Juntas Educativas y Administrativas asumir un rol de supervisión y liberar trabajo de directores de centros educativos.
Durante los últimos años se ha venido dando un incremento de las denuncias en Defensoría de los Habitantes por centros educativos a los que se les suspenden servicios básicos, principalmente en agua y luz, por falta de presupuesto.
Según los resultados preliminares de una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes los recortes presupuestarios, problemas en la ejecución y dificultades con la conformación e idoneidad de los miembros de las Juntas de Educación y Administrativas, según lo que la legislación vigente está solicitando, provocan problemas en el pago de servicios. Esto puede llevar a la acumulación de deudas, la suspensión de los servicios y, en consecuencia, la interrupción de las lecciones.
Al igual que lo que sucede con servicios públicos, se logró determinar que se presentan problemas con el pago de facturas al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que genera deudas millonarias, en donde el Consejo Nacional de Producción (CNP) ha identificado Juntas de Educación que le debían hasta ¢150 millones.
Para la Defensoría es fundamental adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios básicos y una alimentación adecuada de las y los estudiantes, por lo que se requiere que el MEP, adopte las medidas legales y administrativas que le permita asumir el pago a través de convenios interinstitucionales con el CNP y las empresas prestadoras del servicio, con el fin de garantizar la calidad y continuidad de los servicios.
Otro aspecto que ha logrado determinar la investigación de la Defensoría de los Habitantes es que, ante las situaciones presentadas por las Juntas Educativas y Administrativas, se suele recargar su trabajo a las personas directoras de los centros de estudios, lo que tiene como efecto, que estos desvíen la atención de las funciones académicas, a trabajos administrativos.
La Defensoría señala que es oportuno revisar la naturaleza de las Juntas de Educación y Administrativas, proponiendo su transformación de órganos auxiliares de la Administración Pública con responsabilidades administrativas a órganos de fiscalización del servicio. Esto es importante para asegurar que tanto en el ámbito administrativo como educativo se brinde una atención adecuada a las personas estudiantes.
Actualmente, es evidente que los miembros de las Juntas Educativas y Administrativas no solo necesitan dedicar un tiempo prudencial a sus labores, sino también contar con conocimientos y habilidades básicas debido a la tecnificación de los procesos de contratación, como la próxima implementación del SICOP. La necesidad de ajustarse a diversos procedimientos legales complica la conformación y el funcionamiento de estas juntas. Como resultado, muchos miembros enfrentan investigaciones, sanciones o acusaciones judiciales, o, como se mencionó anteriormente, las funciones deben ser asumidas por la Dirección del Centro.
La investigación, que todavía se encuentra en desarrollo, igualmente analizará las labores de las Juntas de Educación y Administrativas en materia de infraestructura, compras de insumos y otras contrataciones.
