- Cada colón que no se destina a educación, le cierra las puertas a una mejora en la calidad de vida de la población.
La Defensoría de los Habitantes ve con preocupación la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal.
El país debe seguir apostando a esta inversión para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.
Sumado a ello, el sistema educativo tiene el reto de garantizar a los estudiantes los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que exige hoy el siglo XXI, para lo que requiere de un profesorado con experiencia y adecuada preparación, con programas educativos actualizados, bilingües, que permitan a los y las alumnas asumir los desafíos y exigencias del actual mercado laboral, con acceso a infraestructura moderna y a tecnología de punta.
Para el año 2023 al Ministerio de Educación Pública se le asignó un presupuesto del 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, según la OCDE se invierte $9.923 por persona estudiante en primaria y $11.400 dólares por persona estudiante en secundaria. El MEP para el año 2022 invirtió aproximadamente $3.126 por persona estudiante anualmente, en comparación con el promedio de las naciones vinculadas a la OCDE, siendo que el país está muy por debajo de la media. No desconoce esta Defensoría, que además del tema presupuestario, se requieren de profundas transformaciones de la estructura administrativa que brinda soporte a la educación del país, con el fin de garantizar, en el marco del buen gobierno, principios como el de racionalidad, eficacia, eficiencia y transparencia.
Otro aspecto sobre el que se suele hacer mención, en el tema de la disminución presupuestaria es el impacto que la reducción en la natalidad está generando a la inversión en educación, lo que más que verse como un ahorro, debe verse como la oportunidad para alcanzar niveles de mayor cobertura a programas; para la atención de poblaciones hoy no cubiertas o desatendidas, por ejemplo, atención de estudiantes con ayudas técnicas, aumento de la cobertura de tiempos de comida en escuelas, mejores becas o atención de nuevas rutas de transporte estudiantil.
Si bien el “Estado de la Educación con “s” elaborado por el Programa del Estado de la Nación, evidenció gran parte de la problemática del país, se debe prestar atención a la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en relación con los motivos de no asistencia a la educación formal de las personas de 5 a 18 años, que si bien disminuyeron a partir del año 2018, se registra un repunte en el 2022, en donde se observa un aumento de habitantes que dejaron de asistir a los centros educativos. El año 2023 registró un aumento de alrededor de 20%, en relación con el 2022, destacando entre las principales situaciones un crecimiento de quienes señalaron que trabajan (38%), que prefieren trabajar (20%), que deben ayudar en oficios domésticos (224%), problemas en el acceso al sistema escolar (102%) y no está interesado en el aprendizaje formal (63%).
A ello se suman la disminución significativa que el país ha experimentado en los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional realizadas por la OCDE, en temas como matemáticas, lectura y ciencias, sin dejar de lado la lamentable condición de la infraestructura educativa. Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se observa también que en el 2023 disminuyó aproximadamente un 30% las personas beneficiadas.
La afectación a la educación, resultado de la rebaja en la inversión, producto de reducción del presupuesto así como de la aplicación de la regla fiscal, limita al Estado para brindar las condiciones y las herramientas, para mantener inmersos dentro de las aulas a las niños, niñas y personas adolescentes. Se ha demostrado en estudios recientes, la correlación entre el aumento en la inversión en la educación y la reducción de las tasas de criminalidad. (Rivkin, Daniel. Universidad de Michigan, 2022).
Ante esta situación, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, hizo un vehemente llamado al Poder Ejecutivo, para que el ejercicio presupuestario 2025, incorpore los recursos suficientes y necesarios para alcanzar, sino el mínimo, los máximos históricos invertidos en educación. Igualmente hace un llamado al MEP y demás instituciones que ejecutan recursos para la Educación, a adoptar las medidas administrativas necesarias, para modernizar sus estructuras y ejercer el cumplimiento constitucional de una educación gratuita y costeada por el Estado, a la altura de los retos que hoy se exigen a nuestros niños, niñas y personas adolescentes estudiantes.
