Viernes 08 de Setiembre 2023. En el artículo 78 de la Constitución Política se estableció, desde el año 2011, que el gasto público en la educación estatal, incluida la superior, no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del PIB. Como Nación, Costa Rica optó por abolir el ejército y en su lugar apostó por robustecer la inversión en la educación para garantizar un desarrollo social a todas los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No obstante, durante este año en dos ocasiones se ha arremetido contra dicho presupuesto (21 de junio, sobre el FEES y 5 de setiembre, en la ULACIT). Para el año 2022 la inversión en educación apenas alcanzó un 5,9% del PIB; lo anterior, en un contexto de grave crisis que enfrenta la educación costarricense, como lo ha venido advirtiendo los últimos tres Informes del Estado de Educación.
En el último informe sobre el Estado de la Educación, se destacan 4 mensajes centrales que nos deben llamar a la acción inmediata para revertir la actual situación educativa:
- La población estudiantil avanza en el sistema con fuertes carencias de aprendizajes básicos que ponen en riesgo sus trayectorias educativas, producto de una interrupción prolongada de lecciones desde el 2018 al 2021.
- Las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, ya que se carece de soluciones de largo plazo y de una gestión
- Las tendencias recientes en el financiamiento de la educación superior pública amenazan sus labores sustantivas y la cobertura que puede asegurar mayor competitividad (FEES).
- Hay un incumplimiento de acuerdos nacionales que genera retrocesos y compromete las aspiraciones nacionales en Educación. Acuerdos nacionales que se han construido con una visión de largo plazo, como, por ejemplo: inversión en educación, en infraestructura educativa, en conectividad, etc.
Ante este panorama, lejos de cuestionar y cercenar la inversión en educación, los esfuerzos del país deberían enfocarse en proponer soluciones a los graves problemas que aquejan a la educación costarricense. Como punto de partida, se debe garantizar lo dispuesto en la Carta Magna sobre la inversión en educación, acción que debe ir acompañada de los correspondientes mecanismos de evaluación y seguimiento. Lo anterior implica costear y asignar los fondos suficientes para asegurar los niveles más altos de educación posible, así como la continuidad y fortalecimiento de los programas de equidad que funcionan como apalancamiento para el acceso y permanencia en el sistema educativa (becas, transporte, comedores escolares, ayudas técnicas).
La infraestructura educativa presenta un deterioro y rezago que se viene acumulando por décadas. De ahí que urge invertir, tanto en términos de mejora como de nuevas instalaciones educativas; ya que la infraestructura es esencial para la conformación de ambientes adecuados para el aprendizaje de las y los niños y adolescentes. También, funciona como plataforma para la prestación de servicios educativos que contribuyen al proceso de aprendizaje. La asignación de recursos en este rubro debe contribuir, además, a mejorar los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos.
Precisa avanzar en la consecución de esfuerzos dirigidos a lograr en el mediano plazo la implementación universal del currículo educativo completo. Según el Estado de la Educación, actualmente sólo 9 de cada 100 escuelas cuentan con jornada y currículo completo. Es imperativo redoblar esfuerzos para fortalecer las acciones encaminadas a cumplir el objetivo de contar con una educación inclusiva, garantizando la dotación de los apoyos educativos y la capacitación permanente de las y los docentes. Apremia cerrar brechas digitales, garantizar la conectividad a través de los mecanismos de FONATEL y las organizaciones no gubernamentales especializadas en tecnologías.
En su función de institución nacional de derechos humanos y contralora de legalidad y convencionalidad, la Defensoría de los Habitantes exige a las autoridades educativas cumplir con los acuerdos nacionales, así como las obligaciones que ha asumido el país en materia educativa y que están plasmadas en nuestra Constitución Política, las leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
